Coches oficiales y sillas de ruedas

El Gobierno español acaba de anunciar muy ufano que reducirá un 66% el número de vehículos oficiales de los altos cargos. Ya ha dicho la portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, que no es mucho dinero -unos 10,5 millones de euros-, pero que algo es algo. Dado que las distintas administraciones en este país parecían haberse abonado a los excesos con el asunto de los coches oficiales, podríamos dar por buena la noticia. Lo malo es que al mismo tiempo se nos ha dado a conocer que las personas que necesiten una silla de ruedas van a tener que abonar, al menos, un 10% de su precio. Resulta fácil ver el paralelismo entre ambas noticias, y es un ejemplo paradigmático de quién tiene que hacer aquí los mayores esfuerzos frente a la crisis: unos se quedan sin cochazo -público, se entiende, porque seguro que en sus garajes privados no tienen un Ford Fiesta- y otros pierden directamente su único medio de movilidad (que no de transporte). Quizás, en lugar de recortar el parque móvil oficial, lo mejor hubiera sido reducir directamente el número de altos cargos. Y los coches ni harían falta.